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Por lo que se refiere al procedimiento oficinista, entendido como el conjunto arreglado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto funcionario o expresar la voluntad de la Despacho, con esta nueva regulación no se agotan las competencias estatales y autonómicas para establecer especialidades «ratione materiae» o para concretar ciertos extremos, como el órgano competente para resolver, sino que su carácter de global resulta de su aplicación a todas las Administraciones Públicas y respecto a todas sus actuaciones.
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